Hace treinta años, en la Conferencia Intergubernamental de 1991, España propuso el establecimiento de una ciudadanía europea: una nueva institución jurídica al servicio del ciudadano, que formalizaba un doble vínculo político, con el Estado miembro y con la Unión. A esa ciudadanía europea, complementaria de la nacional, se asociaban un haz de derechos que en aquel momento del proceso de integración constituían un avance importante. También se establecía un procedimiento especial para completarlos con el paso del tiempo. Sin embargo, treinta años después, esas expectativas de actualización no se han cumplido. En una Unión cuya dimensión política no ha dejado de fortalecerse, el estatuto de la ciudadanía europea requiere una profundización. En ese lazo político - institucional que constituye la ciudadanía europea nos jugamos en gran medida el futuro de la democracia europea y, por ende, el futuro de la Unión. La libre circulación de personas, considerado uno de los mayores logros de la integración por los ciudadanos europeos, ha conllevado un aumento notable del número de ciudadanos que residen y trabajan en otro Estado miembro diferente al de su nacionalidad. La contribución de estos ciudadanos a las sociedades que los acogen y en aras a reforzar la identidad europea, requiere de un mayor esfuerzo por parte de los Estados miembros de fortalecer los derechos de los ciudadanos europeos. Esta obra recopila algunos de los temas de mayor relevancia en relación con la ciudadanía europea.