En el actual proceso de transformación y de generación de nuevas y más favorables condiciones de vida y de ciudadanía, las personas con discapacidad han mirado hacia el Derecho y las Leyes, como elementos esenciales de la organización política y social, al ser los instrumentos en virtud de los cuales se ordena y regula la vida en comunidad, reclamando un viraje en su consideración hacia la discapacidad. Se ha pedido al Derecho y se espera de él que no restrinja, sino que promueva, que no trate a las personas con discapacidad con paternalismo, como sujetos pasivos que necesitan dirección y guía, sino que las empodere haciéndolas más fuertes y dotándolas de herramientas y destrezas de autodefensa, más competentes contra la discriminación y las violaciones de derechos.