El proceso constituyente de las Cortes de Cádiz puso a prueba el reformismo borbónico de la monarquía absoluta. A partir de la evocación de la tradición constitucional catalana los diputados catalanes evidenciaron el fracaso del régimen de la Nueva Planta, del que criticaron la arbitrariedad regia, el despotismo ministerial, la parcialidad de la justicia, la excesiva presión fiscal y la ineficacia del aparato administrativo. No obstante, la Nueva Planta supuso la asimilación del Principado de Cataluña a la nación española, la aceptación de la uniformidad cultural, la adhesión incondicional a la dinastía borbónica y la defensa de un Estado centralista. En todo caso, la Constitución de 1812 significó el fin de la Nueva Planta y la institución de un Estado liberal de derecho que según la consideración de los parlamentarios catalanes permitió restituir las libertades perdidas el año 1714.