La legitimación de cincuenta parlamentarios, esto es, de la minoría político-parlamentaria, para iniciar el procedimiento de control de constitucionalidad de una ley estatal o autonómica ha sido criticada a menudo, tanto en la política como en la academia. Incluso se ha solicitado su desaparición en aras del buen funcionamiento de la jurisdicción constitucional. En este libro se pretende abordar esta problemática que trasluce, en fin, el conflicto, siempre vivo, entre derecho y política en los tribunales constitucionales.