Dar, quitar y declarar jurisdicciones constituía una de las más importantes regalías del monarca en el Antiguo Régimen y de las más difíciles de delegar. No era para menos en un mundo en el que todo acto de poder que implicase la alteración de las situaciones jurídicas que obtenían los desiguales sujetos que la componían exigía conocimiento de causa, y en el que la soberanía se expresaba en la capacidad de juzgar a otros sin ser juzgado. Por ello el examen de los métodos y la práctica seguida para la determinación de las competencias y disputas jurisdiccionales se convierte en un observatorio privilegiado para estudiar la crisis de la Monarquía judicial y su sustitución por un Estado administrativo en una España que en 1768 era bicontinental y en 1845 peninsular y poco más que antillana. En este libro se da cuenta de todos los métodos que, sin poder atacar la raíz del problema consistente en la multiplicidad de fueros privilegiados, se ensayaron para minorar sus consecuencias en un periodo enmarcado por la expansión de esos fueros y el nacimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta obra de historia constitucional no pierde de vista el valor político de la facultad de determinar las competencias primero entre tribunales y luego entre potestades y poderes, y con ello ?suplir la constitución?, y constata cómo durante prácticamente un siglo convivieron en tensión sistemas de solución de competencias que obedecían al carácter de ?juicio entre jueces? con otros en los que se trataba de decidir unilateralmente las disputas invocando la dimensión económica y gubernativa del poder de los príncipes. Pero también en este periodo se pasó de la consideración de la competencia jurisdiccional como mal necesario, último recurso al que había de llegarse para mantener la armonía entre autoridades, a la normalización del conflicto en una nueva taxonomía ?de jurisdicción? y ?de atribuciones? de cuño francés.