El final del terrorismo con la disolución de ETA dejó dos herencias vivas de ese pasado criminal: de una parte, los 169 presos de ETA actuales; de otra, los 379 casos de víctimas de esa organización sin proceso judicial. En este contexto posterrorista, las demandas contradictorias en torno a los presos y las víctimas han abierto un debate social, político, institucional y mediático acerca de las condiciones jurídicas del cumplimiento de las condenas. Por un lado, y tras las anteriores reclamacio...