Las huelgas y las acampadas del 15-M, las ocupaciones de centros sanitarios y educativos, los rodeos a los parlamentos o las concentraciones contra los desahucios deberían verse como formas legítimas de crítica frente al vaciamiento de derechos de todos. Pero la realidad es muy distinta. La impunidad de los poderes financieros y los recortes sociales conviven con políticas de criminalización de la protesta reñidas con los más elementales principios garantistas; la propuesta de reforma del Código...