España es uno de los destinos preferidos para el turismo sexual y se ha convertido en lugar privilegiado para las mafias que se benefician de esta explotación. Este problema desemboca en un nuevo debate sobre qué hacer con el fenómeno de la prostitución y el tratamiento legal que esta debe tener en la agenda pública. Tradicionalmente, las “soluciones” han oscilado desde su abolición hasta su legalización, pasando por su reglamentación, a lo que se une la simple negación del problema ante la sociedad y las evidentes cuestiones de igualdad de sexos, de moralidad y de legitimidad para regular esta actividad.