A finales de la década de los ochenta varios bancos españoles se creyeron legitimados para lanzar productos financieros de dudosa legalidad al mercado. Su objetivo era atraer la importante bolsa de dinero negro existente ofreciendo rentabilidad a cambio de opacidad. Las lagunas en la legislación y la existencia de productos financieros legales con características similares (lanzados por el primer gobierno socialista para hacer aflorar estos capitales) permitió que estos productos estuvieran en funcionamiento durante cierto periodo de tiempo. A principio de los noventa, el Banco de España, con el apoyo de los legisladores, se encargaría de ir clarificando las cosas y las entidades financieras tuvieron que retirar esos productos de sus carteras.