El derecho a la salud efectivo y universal es un logro difícil y supone un enorme esfuerzo económico a los países que han conseguido desarrollarlo. Y si alcanzar la vigencia real del derecho a la salud es difícil, su mantenimiento en el tiempo en absoluto es fruto de automatismos administrativos o del voluntarismo ético de una sociedad. Los sistemas públicos de salud pueden morir de éxito, por lo que la gobernanza de la salud pública necesita de toda la innovación y talento disponible para mantener en el tiempo un derecho a través del cual fluye el derecho a la vida.

En nuestro país el Sistema Nacional de Salud llevó la efectividad del derecho a la salud hasta sus últimas consecuencias, pero ya a finales del siglo XX empezaron a percibirse señales de alarma en la medida en que el gasto sanitario no podía ser contenido sin pensar en rebajar las prestaciones o su calidad. Se necesitaba, se necesita, innovación permanente en la gestión, además de la tecnológica y disponer de los recursos financieros necesarios para satisfacer una demanda que no sigue los ciclos económicos, que sí son sufridos por los ingresos del Estado, que son los que abastecen el SNS. Esa necesidad adaptativa y de lucha para prevalecer sobre las dificultades no es el ámbito en el que la gestión pública, de estructura administrativa y más o menos funcionarial, dé lo mejor de sí. Es necesario introducir la innovación y el talento en las formas organizativas en que estos son más productivos de cambios y adaptaciones, que una vez creados pueden ser exportados al resto del sistema. No se trata de destruir lo mucho bueno que se ha construido si no de promover las mutaciones necesarias para que siga siendo excelente. Y si queremos resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas.