Los tiempos han cambiado y, afortunadamente, algunas Constituciones no han sido ajenas a ello, adaptándose a los nuevos requerimientos políticos y sociales. Su consideración como pacto esencial o fundacional que ocupa la cúspide del ordenamiento jurídico es especialmente relevante porque tales previsiones mandatan de forma inequívoca a los poderes públicos, enviando un claro mensaje de las formasde relación admitidas o rechazadas en una comunidad. No en vano, los preceptos constitucionales avalan o proscriben determinadas prácticas o conductas y tienen una innegable capacidad propedéutica o socializadora que determina, no sólo la legalidad, sino la legitimidad de los actos y el marco ético o los valores compartidos por una comunidad.