El régimen de Franco entendió la función de la prensa como un instrumento de control social para legitimar el Nuevo Estado. La censura desempeñó un papel de primera magnitud para garantizar que la información publicada se mantuviera dentro de los límites marcados. Una vez formalmente suprimida por la Ley Fraga de 1966, los medios de comunicación escritos encontraron un resquicio desde donde poder abordar temas de actualidad y así dinamizar la oposición y el interés de los españoles por la política. En la práctica, sin embargo, la Ley disponía de mecanismos como la multa y el secuestro de ediciones para combatir los posibles abusos de esta libertad contenida.