El objeto de este estudio es determinar si factores como el desarrollo económico, el bienestar humano y las políticas de calidad robustecen la seguridad ciudadana y la seguridad pública. La asunción de la que se parte es que la calidad de la democracia, así como la de la gobernanza son condiciones necesarias para resolver el fenómeno de la inseguridad. De ahí la importancia de la calidad del entramado institucional securitario y de la plena vigencia de sus valores, como el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas, la supervisión, el control de la corrupción y la efectividad institucional. Para confirmar si las premisas se cumplen, se analizan las políticas públicas y securitarias de los regímenes de gobierno de Chile, Argentina y Uruguay desde 1990 a 2015.