La conquista de una democracia estable y duradera supuso el paso más importante de la sociedad civil en la España contemporánea. No debe de minusvalorarse el hecho histórico, pese a las deficiencias que el proceso pudo tener. El peso de las reiteradas experiencias autoritarias, ligado a la intensa represión o a la ausencia de cultura política, estuvo muy presente, no solo entre los que deseaban el continuismo, sino también entre aquellos que veían en la democracia una forma de implantar su hegemonía política, basada en el control del discurso y el relato a través de la manipulación de la memoria. El desarrollo democrático puso a prueba a sus instituciones básicas. La monarquía parlamentaria, marcada por sus orígenes autoritarios, se convirtió en una palanca favorable para la democratización, aunque con el tiempo el reinado de Juan Carlos I fue un pasivo para la propia institución y el sistema político. Los liderazgos de Adolfo Suárez y sobre todo de Felipe González sirvieron para consolidar la democracia, pero desde 2004, se entró en una continuada crisis, a lo que se sumó el creciente desprestigio del Parlamento y la Justicia. Todo ello, marcado por una permanente crisis del sentimiento nacional, que erosionó la convivencia territorial. Ni las nuevas fuerzas políticas ni el cada vez más recurrido discurso populista, junto a la desconfianza en la representación partidista, ligada, en parte, a la corrupción y la mediocridad, fueron suficientes para detener un profundo sentimiento de crisis y frustración.