La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las normas de mayor trascendencia promulgadas en los últimos años, no sólo por el elevado número de disposiciones que se han visto afectadas por ella (hasta quince leyes de primer orden modificadas), sino porque afronta una realidad sangrante de profundo calado social. Así, ámbitos tan diversos como el penal, procesal (civil y criminal), laboral, educativo, registral, administrativo y judicial han tenido que adaptarse al abanico de medidas de sensibilización, prevención, detección y tutela que dicha Ley Orgánica establece.