La crisis global que emerge a partir del año 2007, muestra una realidad social e institu-cional que invita a considerar la oportunidad de investigar acerca de las políticas dirigidas a la inserción social y laboral de colectivos vulnerables. En España esta crisis, considerada global puesto que afecta a las distintas esferas de la vida económica y social, impacta so-bre un ya maltrecho Estado de Bienestar, caracterizado por la fragilidad de los sistemas de protección social y por la precariedad del empleo. A esta situación, se suma identificar la pérdida del empleo y el empeoramiento en las medidas de protección social como efec-tos inmediatos derivados de las respuestas institucionales a la crisis, las cuales provocan el crecimiento de la vulnerabilidad social y la exclusión en extensión y en intensidad. El acceso al empleo, considerado hasta el momento un elemento de integración social, así como un factor de protección ante la exclusión, se está evidenciando como insuficiente para proteger a las personas de la vulnerabilidad, no sólo por el significativo aumento y cronificación del desempleo, sino también por la profundización en la precarización de éste, que hace emerger conceptos como empleo de exclusión, reflejo de una nueva reali-dad social de la que forman parte los denominados trabajadores y trabajadoras pobres. En este escenario, se observan movimientos en el espacio social de la exclusión que afectan tanto a los que se encuentran en situación de integración, como de integración precaria o de exclusión severa. La escasez de recursos, tanto de carácter contributivo como asisten-cial, modifica las posibilidades de cada uno de estos grupos a acceder a prestaciones y ser-vicios. Los programas, servicios y actuaciones tradicionalmente dirigidos a la integración de colectivos vulnerables se ven afectados a causa de la entrada en el tradicional espacio asistencial de personas y colectivos que experimentan por primera vez la vulnerabilidad social y la exclusión. Y esto ocurre justo cuando desde determinados sectores sociales y profesionales se está cuestionando la capacidad de integración social que, desde la pers-pectiva de la garantía de derechos, tienen algunas de las acciones que se están llevando a cabo desde el ámbito de lo asistencial.En este nuevo y complejo contexto, parece oportuno analizar qué está pasando en la inserción por el empleo de colectivos vulnerables, qué propuestas y estrategias están implementando las instituciones, las organizaciones sociales y los y las profesionales que trabajan en la integración, cómo se están posicionando cada uno de estos agentes ante la nueva situación y, por consiguiente, cuáles son sus discursos.

La crisis global que emerge a partir del año 2007, muestra una realidad social e institucional que invita a considerar la oportunidad de investigar acerca de las políticas dirigidas a la inserción social y laboral de colectivos vulnerables. En España esta crisis, considerada global puesto que afecta a las distintas esferas de la vida económica y social, impacta sobre un ya maltrecho Estado de Bienestar, caracterizado por la fragilidad de los sistemas de protección social y por la precariedad del empleo. A esta situación, se suma identificar la pérdida del empleo y el empeoramiento en las medidas de protección social como efectos inmediatos derivados de las respuestas institucionales a la crisis, las cuales provocan el crecimiento de la vulnerabilidad social y la exclusión en extensión y en intensidad.